Este marzo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha alegado la “seguridad nacional” como uno de los motivos de implementar los aranceles de la sección 232 del 25% y del 15% respectivamente sobre productos importados de acero y de aluminio.

Desde aquel entonces, los principales exportadores de dichos dos productos a EE.UU. se pusieron a quejar de esta política arancelaria. Además, aquellos que estaban en contra de susodicha política no solamente estaban incluidos los exportadores, sino también los países a los que se desviaron las mercancías que al principio iban a dirigirse a EE.UU. Sin embargo, ante tantas quejas algunas instituciones de este país del centro del mundo siguen sosteniendo una opinión muy positiva, una de las cuales se trata del Instituto de Política Económica (EPI por sus siglas en inglés, Economic Policy Institute).

Uno de los economistas de este instituto, Robert Scott, expuso sus argumentos positivos de la siguiente manera: “Entre 2010 y 2017, 18 de 23 siderúrgicas de aluminio en EE.UU. dejaron de funcionar. Sin embargo, este último año, esto es, 2017, fue cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos empezó a considerar la irrupción de productos de acero y de aluminio como una amenaza para su país y también fue ese momento cuando el Departamento empezó a investigar sobre este asunto”. De acuerdo con Scott, a partir de la indicada investigación y la implementación de los aranceles sobre productos importados de acero y de aluminio la situación del mercado de aluminio de EE.UU. comenzó a mejorar.

Obviamente, esta mejora se refiere al aumento de empleos y el de capacidad de producción de aluminio, ya que tras la implementación de los aranceles los fabricantes de dichos dos materiales de EE.UU. han de manufacturar más para que el mercado nacional sea autosuficiente.