A partir de los principios de este marzo, Trump enunció que el gobierno estadounidense empezaría a cobrar aranceles sobre productos importados de acero y aluminio. Esta política venía del art. 232 de la Ley de Expansión del Comercio Exterior. Una de las razones principales que el presidente de la superpotencia mundial quería llevar a cabo esta política proteccionista se debía al pretexto de “seguridad estatal”, que esgrimió Trump.

Desde entonces, el Gobierno federal también permite que las industrias internas puedan solicitar exención de estos aranceles, en la medida en que les hace falta. Derivando de estos trámites, se calcula que la mayor parte de las corporaciones estadounidenses la ha solicitado para los productos importados de Japón, Tailandia y Taiwán. Tanto el primero como el segundo han tenido más de 500.000 toneladas (t) de acero liberadas de este yugo; y, este último, más de 100.000 t.

Si hay países que cuelan en esta política, también hay aquellos que no. En este caso, Turquía, Canadá y Brasil. Hay 135 solicitudes para los productos procedentes de este primero, pero solo hay una aprobada. Para los dos últimos, peor, ninguna de las solicitudes ha sido aceptada.